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martes, 21 de julio de 2020

LA EMERGENCIA DE LA CORRUPCIÓN






Jorge Ismael García Corleto


     La corrupción es un acuerdo inmoral de mutuo beneficio particular, ilegal, entre corruptor y corrupto, es el uso y abuso del poder público para el logro de beneficios particulares, sectoriales o empresariales, que afectan el bien común o del pueblo.  Las prácticas de corrupción política atentan contra el bien común y la sociedad civil sufre con presidentes, magistrados, ministros, diputados, jueces, fiscales, directores, presidentes de instituciones autónomas, alcaldes, secretarios, dirigentes políticos, administradores, oficiales, directivos gremiales y otros que se benefician con el poder.


     La corrupción política preserva intereses sectarios y particulares que generan desconfianza en los espacios democráticos pues afecta las condiciones para vivir en democracia, como es el caso de la justicia, cuya aplicación sesgada y desigual permite que los sectores que gozan de privilegios efectúen atropellos que llevan a confrontaciones al interior de las naciones y entre ellas. Bajo el pretexto de que se debe contener el avance de ideas anárquicas o de nuevas dictaduras, la corrupción se infiltra en la administración pública. La cultura antidemocrática que se mantuvo durante varias décadas impuso a los gobernantes mediante golpes de estado o a través del fraude electoral. Aun cuando los usurpadores o los fraudulentos ingresaran a los espacios de saqueo con un buen caudal económico, cuando salían del ejercicio activo del poder político, sus condiciones de vida habían mejorado en extremo mediante el enriquecimiento ilícito. Estas prácticas estaban y están generalizadas, por lo que gobernantes de algunos países latinoamericanos han enfrentado la justicia y dejado el poder ante evidentes signos de corrupción contra el erario.


     Los políticos sufren las consecuencias de su propia corrupción, observable en la falta de confianza de la gente hacia los partidos, pues la sociedad civil percibe que los políticos y sus allegados se han beneficiado indebidamente y que actúan con total impunidad. La legislación imperante en algunos países latinoamericanos, determina que los partidos son los únicos instrumentos para acceder al poder político, pero si tales instrumentos están viciados, no contribuyen a fortalecer la democracia. En el caso de El Salvador, la experiencia reciente de diputados independientes ha llevado a señalamientos de que se someten a los planes de alguna fuerza política poderosa que favorecen su actuar egoísta.


     La percepción negativa crece con el ofrecimiento de plataformas políticas para dar soluciones a problemas del país que suelen quedar en el olvido, pero si llegan a ejecutarlas lo hacen de manera deficitaria, porque las estructuran desde el escritorio, sin llegar a la base de la injusticia social.  El combate de la corrupción política debe ser realista y con sentido ético y ninguna fuerza política ni social debe abstraerse de ello. El fortalecimiento de la sociedad civil lleva a robustecer el sistema democrático. Los gobiernos deben operar con transparencia, rindiendo cuentas de sus actos y facilitar la información sin restricciones; de los gobiernos se requiere tolerancia mientras de la sociedad civil se exige participación y una actitud constructiva y propositiva. Los partidos políticos deben reconocer el nuevo talento humano y renovar el liderazgo para democratizarse.


     Los gobiernos, elegidos para representar al pueblo y velar por el desarrollo de las naciones, están obligados a cumplir la normatividad ética, para que la conducta de sus funcionarios sea efectiva, transparente y legitimada por la opinión pública. Por tanto, urge actuar de manera práctica para frenar y erradicar este problema. No se trata de hacer señalamientos infundados para dirigir la atención a otros y actuar corruptamente con impunidad. Tampoco es justo ver la corrupción en otros y no ver la propia o la de los propios. Se debe castigar, ejemplarmente, a los funcionarios involucrados en actos de corrupción política, frenando las condiciones para que proliferen otros tipos de corrupción, situación que inhibe el desarrollo de los pueblos que toleran actos corruptos que minan los valores éticos y morales de las sociedades.


     La corrupción política es visible, real, envolvente y progresiva; actúa desde las cúpulas, inhibe el desarrollo social, debilita la institucionalidad, hace que se desconfíe de la dirigencia, erosiona la formación de valores ciudadanos y lleva a la expansión y consolidación de otras formas de corrupción administrativa y económica y se desprotege al pueblo, por lo que se debe actuar éticamente para la sobrevivencia de la democracia. La educación es la vía para revitalizar los valores morales, cívicos y espirituales de la persona y avanzar hacia un mundo más humano y más justo, en donde se imponga la cultura de la transparencia y la honestidad.


     Quienes encarnan la antítesis de la humanidad y de la sabiduría, engolados en su falsa prestancia, como los diputados, los magistrados, los fiscales, los defensores de los derechos humanos, los jerarcas de las iglesias, los comunicadores, los “analistas políticos” prepago, los académicos que antes tuvieron mártires comprometidos con las necesidades de los pobres y que ahora sirven a los intereses neoliberales, al mercado, a los grandes empresarios, a ídolos sacados del averno y al dios capital, solo ven una emergencia económica en El Salvador y no una emergencia sanitaria.


     El Salvador puede seguir enfrentando amenazas, minimizando las afectaciones, si el poder ejecutivo cuenta con los medios materiales y los apoyos humanos necesarios. Pero esa posibilidad es violentada y los derechos de la población se ven vulnerados cuando los tomadores de ese tipo de decisiones, aquellos que actúan de manera voluntariamente ignorante, caprichosa e interesada en su bienestar sectorial o particular, niegan que aquí ocurra la emergencia sanitaria declarada en todo el planeta.


     En consecuencia, cabe esperar que quienes están señalados por captar cuantiosas prebendas y rechazan tomar una decisión favorable a la vida y la salud de los salvadoreños, por proteger intereses de poderosas mafias económicas, comprendan que son y serán responsabilizados por la mortandad de la pandemia incontenible, por cuanto el poder ejecutivo ha sido privado de las herramientas legales y económicas para el manejo de integral de la situación.


 


Santa Ana, El Salvador, 30 de junio de 2020.


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Jorge Ismael García Corleto es escritor, presidente de la Asociación GATO para las Artes y la Cultura, licenciado en Psicología, licenciado en Educación, máster en Educación Superior y estudiante de doctorado en educación. Trabaja en la docencia en el Centro Escolar INSA y en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador, en Santa Ana.

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