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lunes, 30 de septiembre de 2019

CIVISMO AUTÉNTICO


Ismael García C.

     La educación cumple su función social cuando aporta al progreso económico y a la integración social, hacia una ciudadanía que conozca sus deberes y obligaciones e identificada con la nación. Sin embargo, en cuanto a la formación del espíritu nacional, se limita a organizar ceremonias y desfiles que honran a la patria, a los próceres independentistas y a los símbolos del imaginario de la nación salvadoreña.  

     Durante la colonia, la educación tenía como objetivo la enseñanza de la lengua de los invasores y la obediencia, luego ofreció formación básica exclusiva para los estratos de criollos y sus descendientes, y después para la población originaria de estratos sociales altos, aunque algunos integrantes de las clases bajas podían acceder a una instrucción básica de lectoescritura. 

     La independencia centroamericana del imperio español se conmemora el 15 de septiembre de 1821, pero El Salvador surge como país hasta que se emitió la primera Constitución Política, en febrero de 1841, y se celebra en la fecha 15 de septiembre, porque fue utilizada por los integracionistas para mantener la cohesión de los países. (Vidal, 1969). La escuela, después de la independencia, formó a la clase media ligada a funcionarios y administradores de los bienes del Estado y desatendió la formación ciudadana del salvadoreño.
     En la escuela poscolonial, a la enseñanza pública se le asignó enseñar a los ciudadanos sus nuevos derechos y deberes individuales, la transmisión de nuevos valores que debían contribuir a la creación de una conciencia nacional y a un nuevo imaginario colectivo. 

     Durante el período conservador continuaron catequizando a la población y enseñando las primeras letras. En el período liberal del general Gerardo Barrios asignaban la lectura de la Constitución a los niños escolares, y la lectura semanal del Diario Oficial en los colegios (educación media). Después, el Plan Gavidia pretendía crear un modelo educativo basado en la lectura de moral, ética, y leyes. Pero posteriores gobiernos y la oligarquía, se limitaron a la lectoescritura y decreció la educación de la ciudadanía y de la identidad nacional.

     EEUU aumentó su poder en Centroamérica para contar con una ruta marítima alterna, construyendo un canal en el Rio San Juan, Nicaragua. Los liberales nicaragüenses contrataron al filibustero William Walker para vencer a los conservadores y tomó el poder en 1856, obtuvo apoyo de los estados esclavistas para tomar tierras, impuso el inglés como idioma oficial y legalizó la esclavitud. Pero los centroamericanos organizaron una fuerza militar contra Walker, en la que por El Salvador participaron Gerardo Barrios y Ramón Belloso. 

     El historiador Héctor Lindo Fuentes, refiere que Estados Unidos impuso en El Salvador como candidato presidencial de 1910 a Manuel Enrique Araujo, quien siendo mandatario enfrentó amenazas y conspiraciones. En 1912, los obreros y los estudiantes rechazaban el imperialismo y la invasión de los marines a Nicaragua y formaron comités de defensa en rechazo a la presencia de EUA en Centroamérica. Ante esto Araujo tuvo que pronunciarse en contra de la intervención norteamericana. La bandera salvadoreña azul y blanco refiere al unionismo de Centroamérica y es un símbolo antiimperialista, entregado a las tropas salvadoreñas un 15 de septiembre de 1912, y se retiró la bandera de las barras y las estrellas vigente desde 1865; también se impuso una medalla al General Juan Cañas, quien luchó contra Walker. 

     Durante el mandato del general Maximiliano Martínez impulsaron la formación de valores ciudadanos e identitarios, se implantó la Cartilla del Ciudadano, que enaltecía los principios cívicos y morales. A través de la radio instruían a los padres para la educación de los hijos en valores morales y en la formación del carácter nacional. Instituyó la ciudadanía como asignatura, desde el nivel inicial hasta el superior y se incluyó la identidad como eje transversal en las asignaturas de historia, dictado, lengua española, música y deporte. Martínez, quería crear un “hombre salvadoreño” en la línea ideológica y con el patrocinio del Tercer Reich.

     La Reforma educativa del 68 sentó las bases de la escolarización para todos, incluyendo al nivel universitario. Se formó docentes exprés en muchas escuelas normales. La guerra civil (1979-1992) afectó la convivencia ciudadana y la cobertura educativa; además aumentó la migración hacia Estados Unidos. Tal tendencia impactó en la cultura salvadoreña, incorporando rasgos de una identidad foránea que afecta a la identidad salvadoreña. 

     Los Acuerdos de Paz, en 1992, implicaron nuevos retos en la educación para la ciudadanía, especialmente en cuanto a la armonía social y la solución de conflictos, los cuales se incluyeron en el currículo de forma esporádica a mediados de los noventa. A inicios del siglo XXI hubo cambios en educación y una inversión sistemática, pero hasta ahora se trata el tema de la ciudadanía y algo sobre identidad nacional en las asignaturas de Estudios Sociales y Cívica, y en Moral, urbanidad y cívica. 

     Habermas trata la concepción de ciudadanía entre una definición político-legal y otra socio-sicológica, o afectiva. La ciudadanía legal se refiere a la pertenencia política al Estado, se adquiere al nacer y es inherente al ser humano. La ciudadanía socio-sicológica procede de una identificación propia y singular con un grupo nacional particular. 

     Herder (1959) vincula la identidad política colectiva a compartir una cultura común, construida desde el lenguaje (se comparte ideas, creencias, valores, mitos y visiones). En una comunidad se construye el volksgeist o espíritu del pueblo de cada nación, y lo define como las fuerzas creativas inconscientes que se manifiestan en actividades de las comunidades humanas. Para Ellacuría (1991, p.211), “el espíritu del pueblo representa el marco insuperable donde deben moverse los espíritus individuales, donde pueden desarrollarse los individuos de cada pueblo”. 

     El estadounidense Henry Giroux (1988,) plantea desde la pedagogía crítica que el término “ciudadanía puede ser entendido en parte como un proceso político de construcción del sentido, como un proceso de regulación moral y producción cultural mediante el cual las subjetividades particulares son establecidas alrededor de lo que significa ser miembro del Estado-nación y, que  la escuela infunde profundamente en el desarrollo del niño” (p.125).  A finales del siglo XIX, se señala que la escuela “es el medio a través del cual la sociedad renueva de continuo los condicionamientos de su propia existencia” (Durkheim, 1975, p.106). La escuela preserva la cohesión y los valores de la sociedad, forma la identidad en una cultura con determinadas tradiciones, idiosincrasias, imaginario y respeto por su comunidad y su geografía.

     El fomento de los valores de la nacionalidad se contempla en la Ley de Cultura, en la Ley General de Educación y en los Fundamentos de la Educación Nacional, se enfoca como parte de la política educativa. La escuela no debe declinar en su capacidad formadora de identidad y ciudadanía, para que no se generalicen: la desintegración familiar, el individualismo, la delincuencia, la violencia en cualquiera de sus formas y niveles, la migración forzada, el rechazo a las instituciones, la mimetización cultural, el irrespeto a las libertades democráticas, el consumismo y la baja autoestima. La escuela debe fortalecer la identidad nacional, los valores del ciudadano que supera con su esfuerzo legal y ético: la pobreza, la corrupción, la conflictividad social y la delincuencia, debe llevar al alumnado por los senderos de la ciudadanía del siglo XXI.
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Jorge Ismael García Corleto es escritor, presidente de la Asociación GATO para las Artes y la Cultura, licenciado en Psicología, y en Educación y master en Educación Superior; trabaja en la docencia en el Centro Escolar INSA y en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador, en Santa Ana.

miércoles, 7 de agosto de 2019

LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN


Ismael García C.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 19, dice:
1.         Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2.         Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso o artístico, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3.         El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
     Los gobiernos, las fuerzas de seguridad, los intereses comerciales, los grupos armados, los líderes religiosos y, a veces, incluso sus propias familias y comunidades pueden intentar y lograr silenciar a los defensores de los derechos humanos -personas, grupos de personas u organizaciones que promueven y protegen los derechos humanos de forma pacífica-, por sus inconvenientes opiniones o acciones.
     Casi todas las constituciones del mundo afirman defender la “libertad de expresión”, pero  siempre hay gente amenazada, en la cárcel, secuestrada, torturada o asesinada por hablar. Para vivir en una sociedad justa y abierta se requiere de poder comunicarse y expresarse libremente. La libertad de expresión es un derecho universal vital para la democracia, el desarrollo y el diálogo, este derecho incluye el mantener una opinión sin interferencias y buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras, tal como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho es esencial para la educación, para el desarrollo de las personas y de sus comunidades, acceder a la justicia y disfrutar de los derechos humanos.
     Internet se usa cada día más para defender el derecho a la libertad de información, libertad de opinión, libertad de pensamiento y libertad de prensa, para rechazar la opresión y exigir un mayor respeto a los derechos humanos. Las redes sociales permiten un nuevo activismo que los gobiernos tratan de controlar. Sin embargo, sus intentos por bloquear el acceso a Internet o cortar las redes de telefonía móvil como respuesta ante cualquier disturbio no acaban con la protesta de quienes defienden la libertad de expresión como derecho humano, así como el conjunto de todos los derechos. La represión puede aumentar, pero las personas tienen menos miedo a expresarse con libertad.
     Los gobiernos esgrimen la excusa de la “seguridad nacional” para acallar las críticas. El terrorismo ha contribuido a justificar el aumento de la represión. Pretenden amordazar y silenciar la disidencia decretando leyes. Los tribunales condenan a años de cárcel por un simple tuit. Se acusa de ‘terroristas’ a las personas ateas o a las de otras religiones y a quienes contactan con organizaciones de derechos humanos”.
     La sociedad requiere una prensa libre. Los gobiernos deben garantizar que los periodistas puedan informar libremente respecto a derechos humanos sin temor a ser atacados o morir mientras realizan su labor legítima y deben procesar legalmente a los responsables de los abusos. Sin embargo, quienes ejercen el periodismo objetivo se enfrentan a represión y agresiones. Esta situación empeora en caso de conflictos.
     Amnistía Internacional pide: Que los presos y presas de conciencia de todo el mundo sean puestos en libertad de manera inmediata e incondicional. Que las leyes que criminalizan a las personas que se expresan o protestan pacíficamente desaparezcan. Que las leyes contra la incitación al odio u otras formas de violencia no se utilicen para reprimir la disidencia legítima. Que las personas tengan acceso a la información.
     La UNESCO es la agencia líder de las Naciones Unidas en promover, defender, monitorear y preconizar la libertad de expresión y la libertad de prensa como un derecho humano fundamental. En el proceso de la democracia es esencial la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación. La UNESCO asesora sobre legislación y formulación de políticas para los medios a los Estados Miembros. Esto ayuda a los gobiernos, parlamentarios y otros decisores a garantizar la libertad de expresión.
La regulación de los medios en línea con los estándares internacionales, la regulación de los medios para la protección y promoción de los derechos humanos, los dividendos digitales, la libertad de expresión y la Internet, la regulación de la publicidad oficial, entre otros, son temas que están en el orden del día de los principales debates sobre la garantía, promoción y protección de la libertad de expresión. Por supuesto que el derecho de libertad de opinión y expresión no faculta a nadie para estar haciendo acoso verbal, escrito, impreso o virtual, ni para el uso de imágenes denigrantes u ofensivas contra la persona. Las opiniones se refutan con la calidad de los argumentos que se ofrecen.
     En 1993, la Asamblea General de la ONU proclamó el Día Mundial de la Libertad de Prensa a celebrarse el 3 de mayo todos  los años, ante una recomendación de la Conferencia General de la UNESCO y se celebra en todo el mundo. En 1997 se estableció un Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano para homenajear a una persona, organización o institución que haya contribuido mucho a la defensa y/o promoción de la libertad de prensa en cualquier lugar del mundo, en especial si ello conllevó un riesgo.
     Toda ley mordaza afecta más a las personas con menos recursos, los inmigrantes, los movimientos sociales, activistas de derechos humanos y los medios de comunicación.  Los sectores de oposición, los movimientos sociales, los organismos de derechos humanos y los ciudadanos rechazan el control de la libertad de expresión por parte de los sectores económicos y políticos dominantes, que no debe restringir y penalizar la actividad informativa: el uso no autorizado de imágenes, datos personales o profesionales de autoridades y miembros de las fuerzas de seguridad. Tampoco se debe criminalizar la libertad de expresión en redes sociales, vía Twitter, Instagram o Facebook por considerar que alteran el orden social y llaman a protestas. Castigar las protestas y la difusión de mensajes contrarios al orden público o convocatorias para efectuar manifestaciones multitudinarias con penas de prisión. Penalizar con prisión el uso, promoción o labor desde una web de enlaces, pretextando que vulneran el derecho a la propiedad intelectual.  

    Santa Ana, El Salvador, 06 de agosto de 2019.
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Jorge Ismael García Corleto es escritor, presidente de la Asociación GATO para las Artes y la Cultura, licenciado en Psicología, y en Educación y master en Educación Superior; trabaja en la docencia en el Centro Escolar INSA y en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador, en Santa Ana.